Por prensa económica se puede leer que el Gobierno saca a Escribano de Indra tras amenazarle durante semanas con no otorgar nuevos contratos a su empresa familiar, esto se publicó a primero de Abril, y añade que el Gobierno redobló la presión en los últimos siete días amagando con una inminente asfixia financiera de la empresa familiar.
El temor que ha provocado el cambio de posición de la SEPI (Gobierno) es que corría el riesgo de perder el dominio de Indra, la empresa que iba a ser su campeón nacional en defensa y su compañía tractora para el resto de firmas del sector.
Los Escribano, una vez que constataron que el Gobierno estaba sumamente incómodo con la posibilidad de que el Estado perdiera el control de su joya tecnológica y de defensa, plantearon a lo largo de estos meses varias opciones para solucionar la situación, como deshacerse de parte de su 14,3% de las acciones de Indra, o incluso no alcanzar un porcentaje del capital por encima de la SEPI para salvaguardar los intereses estratégicos del Gobierno. Pero hay un inversor con un 5% de las acciones, que unido a ellos hubiera sido un potencial peligro para el control Estatal de la compañía considerada estratégica para el Estado.
"Curiosamente" el gran problema de la operación radica en el "conflicto de interés", reconocido por la propia Indra, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Gobierno, que fue el artífice de la operación desde el principio, aunque parece haber descubierto en Marzo de este año el problema, cuando la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, cartera de donde depende la SEPI, apuntó a que ese conflicto de interés no figuraba entre los "elementos conocidos" por el Gobierno cuando se aprobó el nombramiento de Ángel Escribano como presidente de Indra.
Se contrataron en este tiempo distintas auditorias en vista de la situación y para evitar demandas de accionistas minoritarios o críticas públicas de colectivos que ya se estaban moviendo, llegando incluso los hermanos Escribano a no estar presentes en las discusiones del consejo para salvaguardar una apariencia de imparcialidad.
En resumen once meses meneando la perdiz, el gobierno veía bien la operación quería un "hombre de paja", que parece les salió respondón y que además según diversas fuentes no se lleva bien por su carácter y la manera de hacer con pequeñas y medianas empresas del sector, Santa Bárbara, y Sapa (7,4% de Indra).
