Un programa lanzado con Naval Group antes del divorcio.
El programa S-80 se puso en marcha a principios de la década de 2000 con un objetivo ambicioso: dotar a España de submarinos propios y romper su dependencia tecnológica de Francia. Durante décadas, la construcción de submarinos españoles se había llevado a cabo en colaboración con la empresa francesa DCN (actualmente Naval Group), con la que se habían construido y vendido los submarinos de la clase Scorpène a Malasia, Chile e India.
La alianza se disolvió tras un deterioro gradual de las relaciones después de que Navantia decidiera en 2006 poner fin a su colaboración con DCN. La empresa francesa llevó el asunto a los tribunales, acusando a la firma española de explotar la cooperación para adquirir conocimientos y competir independientemente con España, mientras que esta última alegaba haber sido excluida de los contratos internacionales. La ruptura fue definitiva.
España emprendió entonces en solitario el desarrollo del S-80. El proyecto se vio obstaculizado por dificultades desde el principio. La más significativa: en 2012, se descubrió un exceso de peso de 125 toneladas, lo que comprometió la flotabilidad y obligó a rediseñar completamente el submarino, además de alargarlo casi diez metros.
El sistema de propulsión independiente del aire (AIP, por sus siglas en inglés) tampoco estuvo listo a tiempo: los dos primeros submarinos se equiparían con él más tarde, lo que perjudicó su competitividad en el mercado mundial.
La falta de experiencia industrial obligó a rediseñar componentes críticos como válvulas, bombas y sistemas eléctricos. Navantia especificó estos sistemas sin experiencia previa, y las empresas responsables de su fabricación también carecían de conocimientos especializados. Según fuentes expertas, esta es la principal razón de las fallas que se están produciendo actualmente.
El submarino es la embarcación más compleja de diseñar y construir. Requiere una precisión técnica extrema: un fallo en los sistemas esenciales puede provocar la pérdida de la embarcación, al igual que ocurre con un avión o un satélite, y por lo tanto, poner a su tripulación en grave peligro.
Se suponía que el primer submarino estaría operativo en 2011; sin embargo, no se entregó hasta 2023, con más de diez años de retraso. En realidad, Navantia lo entregó bajo presión del Ministerio de Defensa, sin haber realizado las pruebas de mar necesarias. La entrega definitiva del Isaac Peral tuvo lugar apenas un año después.
El sobrecoste ha sido colosal. El presupuesto inicial de 2.135 millones de euros se disparó hasta los 4.339 millones. En diciembre, el Consejo de Ministros aprobó el último incremento presupuestario: 432 millones de euros para «obtener una configuración adecuada para los submarinos, adquirir repuestos y subsanar la obsolescencia detectada en los distintos sistemas e instalaciones». Esta inyección de capital forma parte no solo del compromiso adquirido con la OTAN de destinar el 2% del PIB a la defensa, sino también de las capacidades operativas que las Fuerzas Armadas españolas deben alcanzar dentro de la Alianza.
El discurso oficial, sobre todo en los círculos militares, enfatiza la unidad y la defensa inquebrantable del S-80. Sin embargo, muchos en el sector consideran un error histórico la decisión de España de seguir una política técnica e industrial independiente en materia de construcción de submarinos. Esto cobra aún más relevancia si se tiene en cuenta que la OTAN y la UE cooperan en programas de defensa: compartir desarrollos reduce costes, fomenta el progreso tecnológico y aumenta la fiabilidad. Esta es también una de las recomendaciones del informe Draghi, que identifica la fragmentación del mercado de defensa y la dependencia tecnológica externa como debilidades críticas para Europa.
Italia abandonó recientemente su proyecto nacional de construcción de submarinos con Alemania, el principal fabricante europeo, al igual que Noruega. España podría considerar esta alianza si la reconciliación con Francia resulta imposible.
