En prensa económica se puede leer que Defensa está diseñando la transición hacia un nuevo caza de sexta generación tras el fracaso del FCAS. Para ello, se está elaborando un plan con un horizonte de tres años, respaldado por un colchón presupuestario superior a los 1.000 millones de euros.
De entrada, Defensa ha encargado a seis empresas Indra, Airbus, ITP Aero y Satnus (consorcio GMV, Sener y Oesía), propuestas para poner en marcha nuevos contratos puente. Se trata de inyecciones presupuestarias que buscan blindar a la industria nacional ante la incertidumbre actual, asegurando que las compañías cuentan con fondos suficientes para seguir trabajando en el proyecto hasta que España se incorpore como socio a un nuevo programa de avión de combate, algo que se da por hecho que sucederá.
Se espera que los contratos puente estén listos para entrar en vigor a partir del primer trimestre de 2027, y que sirvan para cubrir ese año completo, así como 2028 y 2029. Algunas voces apuntan a que se trata de un plan de máximos, pero que lo esperable es que España pueda sumarse o impulsar otro proyecto para fabricar un avión de combate antes de que se cumplan esos tres años.
En la práctica supone reorientar fondos que ya fueron comprometidos para el FCAS, pero que nunca llegaron a ejecutarse. Dicen que se interpreta como una especie de fase 2 del FCAS a nivel nacional, porque está llamado a sustituir el trabajo que ya no se hará en el marco del proyecto europeo, con la ventaja de que las empresas podrán avanzar más rápido, al no tener que coordinarse ya con Francia y Alemania.
