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Tres generales, entre los 27 miembros del Ejército retirados por casos de derechos humanos
Los generales llamados a calificar servicios fueron el mayor general Roberto Pico Hernández y los brigadieres generales José Joaquín Cortés Franco y Paulino Coronado Gámez.
La medida también afecta a 4 coroneles, 7 tenientes coroneles, 3 mayores un capitán y un teniente, además de 7 suboficiales , según reveló el comandante de las Fuerzas Militares, general Fredy Padilla de León. "No se puede confundir la eficacia en las operaciones militares con la cobardía para enfrentar a los delincuentes y la distorsión de la eficacia, asesinando a inocentes", dijo el presidente en una alocución televisada. La decisión es trascendental, porque implica descabezar dos divisiones del Ejército sobre la base, en principio, de que sus generales no tomaron las medidas preventivas para evitar que estos hechos ocurrieran y que, cuando hubo denuncias, no profundizaron en ellas. El otro general, Coronado, era de una nueva Brigada que operaba en la zona del Catatumbo y que desde el primer momento defendió la legalidad de las operaciones en las que murieron los jóvenes. La Fiscalía adelanta en este momento más de 700 investigaciones por hechos similares desde el 2002. Los departamentos de Meta, Antioquia y Córdoba, además de Norte de Santander, son los que reportaban más denuncias. Fuentes que conocen el caso le hablaron a EL TIEMPO de dos tipos de situaciones que se investigan en este y otros casos y que influyeron en la salida de los militares: así como hay algunos que no ejercieron los controles debidos, otros habrían participado directamente en una especie de 'carrusel' criminal en el que tienen participación civiles y que contrataba a jóvenes para llevarlos a otras zonas del país con varias ofertas, entre ellas actos ilegales, y que luego incluso sacaban provecho económico de los golpes de los militares a través de recompensas. Drásticas sanciones El presidente Uribe explicó en su intervención que una comisión conformada por el ministerio de Defensa estableció que efectivos militares entraron en colusión con delincuentes para mostrar supuestos resultados operacionales y anunció la toma de "drásticas decisiones". La comisión "ha encontrado que puede haber integrantes de las Fuerzas Armadas incursos en asesinatos, y que hay fallas en procedimientos, en protocolos, en vigilancia", señaló Uribe. El gobernante hizo referencia al caso de al menos una veintena de jóvenes de Soacha, municipio al sur Bogotá, que desaparecieron a comienzos de año y cuyos restos mortales fueron encontrados hace pocas semanas en fosas comunes de cementerios en el noreste del país. Todos ellos fueron reportados como irregulares muertos en combate, según informó en su momento la Fiscalía General, que asumió la investigación penal de los hechos. Los crímenes se registraron, principalmente, en el Norte de Santander, departamento de la frontera noreste con Venezuela y en el que estaban destacados los efectivos separados. El grupo de removidos lo encabezan los generales Roberto Tito, José Joaquín Cortés y Paulino Coronado, comandantes de las divisiones séptima y dos del Ejército, y de la brigada 23, respectivamente. Le siguen cuatro coroneles, siete tenientes coroneles, tres mayores, un capitán, un teniente y seis suboficiales, según la relación de removidos divulgada por el comandante de las Fuerzas Militares. El presidente Uribe reconoció que la investigación del comité castrense interno estableció que en algunas instancias del Ejército "ha habido negligencia y falta de cuidado en los procedimientos que tienen que observarse" en las operaciones militares. "Eso ha permitido que algunas personas puedan estar incursas en crímenes, crímenes resultado de la confabulación entre delincuentes e integrantes del Ejército", se lamentó el jefe del Estado. El mandatario agregó que se trata de crímenes que en algunas regiones "tienen por interés asesinar inocentes para dar la sensación de que se está enfrentando en esa región a los criminales, cuando son los verdaderos criminales los asociados con el Ejército para cometer esos crímenes".
Indigentes, un mimo, drogadictos, vendedores y tres enfermos entre víctimas de desaparición
Estas personas fueron reportadas como desaparecidas a comienzos del año en Soacha y aparecieron muertos en combates con el Ejército, en Norte de Santander.
Un detalle de las necropsias tiene concentrada la atención de los investigadores de la Fiscalía. Varios de ellos llevaban ropa deportiva debajo de los uniformes de camuflado, que les dio el rango de guerrilleros; y otros más estaban sin medias a pesar de llevar botas de caucho. Con las elevadas temperaturas del Catatumbo (35 grados en promedio), ¿cómo se explica la doble muda? ¿Cuánto puede caminar un guerrillero sin medias y con botas? Estos dos interrogantes se unieron a las coincidencias con otros casos en nueve regiones del país que ya suman cien muertes en lo corrido del año, según estadísticas cruzadas de la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y la Procuraduría General. En la mayoría de episodios se habla de reclutadores e incluso en Sucre y en Soacha ya se atreven a dar nombres: Róbinson Barbosa y Juan Gamez, respectivamente. Las familias de las víctimas también se han encargado de demostrar la presencia de terceros en estos escandalosos hechos. Otro denominador común es que buena parte de las víctimas eran trabajadores o habitantes de la calle. También se han encontrado tres casos de enfermos reclutados: un joven con epilepsia, otro con esquizofrenia y uno más acusado de querer sembrar una mina al paso de una patrulla militar. Los dos primeros figuran como muertos en combate y el último fue devuelto a su familia tras ser evaluado por un siquiatra. 'Que el Ejército me responda' BUCARAMANGA Un fiscal de Bucaramanga investiga la desaparición de Cristian Novoa Vega, trabajador de calzado de 22 años, que el 25 de agosto se esfumó del Parque Centenario y dos días después fue reportado como muerto en un combate que el Ejército reportó con una banda emergente en una vereda de Hacarí, Catatumbo. Nery Vega, madre de Cristian, asegura que su hijo fue abordado por dos hombres que le ofrecieron trabajo en Ocaña como recolector de café: "Un hermano mío estuvo con él en el parque y lo dejó antes de las 2 p.m. Cuando regresó por él, varias personas le contaron que Cristian les rogó a los dos hombres que lo llevaran a su casa a sacar ropa. Pero ellos le dijeron que iba a ganar mucha plata y que en Ocaña podía comprar". El 27 de agosto pasado, llamaron a Nery Vega de una funeraria de Ocaña para decirle que su hijo estaba muerto: "El Ejército debe responder. Me lo devolvieron sin ropa y con cuatro tiros". Ana Barajas, defensora del Pueblo regional, anunció que el Ministerio Público ya está indagando el caso. El reclutador de Toluviejo SINCELEJO Sin excepción, los once desaparecidos de Toluviejo (Sucre), salieron de sus casas en septiembre del 2007 con la promesa de un comerciante de la localidad de que iban a trabajar en fincas de la región del San Jorge. Y sin excepción, ninguno de ellos regresó. Diez han sido reportados por el Ejército como delincuentes abatidos en combates en Córdoba y Sucre y de uno de ellos aún no se sabe nada. El menor de los desaparecidos tenía tan solo 16 años y el mayor rondaba los 22. Y en todos los casos familiares o conocidos dan fe de que no eran ni guerrilleros ni delincuentes comunes como aparecen registrados. Una investigación de la Policía identificó a la persona que se los llevó como Róbinson Eustaquio Barbosa Almanza, hoy capturado e investigado por concierto para delinquir y desaparición forzada. El hombre permanece recluido en la cárcel de máxima seguridad de Itagí¼í y aún no confiesa. De los desaparecidos, cuatro eran desmovilizados de las autodefensas y cada mes recibían 358.000 pesos de ayuda estatal. 'Mi hijo no es un guerrillero' Ibagué Durante 18 meses, el hijo de Erick Ramos estuvo desaparecido. Su nombre: Rosemberg Ramos Rodríguez, de 22 años y quien sufría, desde los ocho, el síndrome de Lennox que le ocasionaba ataques epilépticos. Por esta razón, pocas veces se separaba de su padre. Hace 15 días, Erick Ramos, recibió una llamada del Cuerpo Forense de la Fiscalía en la que le notificaron que su hijo fue muerto en combates con el Ejército en la vereda San Isidro Jurisdicción de Tres Esquinas en Cunday. "Mi hijo estaba desaparecido desde el siete de abril del año pasado, en Chaparral. Salió con una pantaloneta verde del equipo Nacional, una camiseta amarilla y zapatillas negras. Desde ese día comencé a buscarlo". El pasado martes 30 de septiembre, luego de la llamada de la Fiscalía, don Erick recibió un acta de inspección del cadáver en la que concluyen que el cuerpo que se encuentra en la tumba P141 del cementerio de Ibagué con cinco impactos de fusil, es el de Rosemberg Ramos Rodríguez. "Mi hijo no es ningún guerrillero. Las únicas balas que el tenía eran las pastillas que diariamente debía tomar. Prácticamente vivía dopado. Es absurdo que ahora salgan con el cuento que mi hijo se incorporó a un grupo ilegal en prácticamente dos días", agregó. El drama sigue para este hombre que no ha podido recuperar el cuerpo para darle cristiana sepultura. La juez que lleva el caso se encuentra de vacaciones y mientras tanto don Erick sigue llorando al lado de una tumba sin nombre. En Antioquia se investigan 40 casos Medellín Doce días después de que un desconocido les ofreció trabajo en una finca, Carmen Julia Giraldo (de 38 años) y Carlos Andrés Palacio (de 26 años) aparecieron en San Roque (nordeste antioqueño) como guerrilleros muertos en combate por el Ejército. El aparente benefactor los contactó el 7 de agosto, mientras ellos vendían chicles en el parque de Berrío. Les compró, le ofreció a él un empleo de mayordomo y le pidió sus datos. La paga ofrecida eran 15.000 pesos diarios, libres de comida y hospedaje. La última comunicación que tuvieron con su familia antes de montarse al bus los dejó todavía más cavilosos, pues Carlos explicó que ya no iban para Caracolí sino para San Roque. Pasó una semana y la pareja no se reportó. El 20 de agosto la familia de la pareja se encontró con la noticia de que el Ejército había matado a dos subversivos del Eln: "Guardaba la esperanza de que no fuera ella; porque decían que la muerta era morena, y Carmen era blanca", dice Graciela, la mamá. Pero la confirmación de que sí eran sus allegados llegó cuando vieron el video del levantamiento de los cuerpos. En Antioquia hay registros de cerca de 40 casos de posibles falsos positivos entre el 2007 y el 2008. Las zonas más afectadas son el oriente y el nordeste. Mimo y drogadictos NEIVA La Fiscalía indaga la muerte de cinco habitantes de la calle en dos operativos militares en Huila. En el primero -en Isnos, el 23 de julio- el Ejército dice que tres sujetos fueron hasta una finca a cobrar 500 mil pesos de una extorsión. La víctima acudió al Batallón y los hombres los recibieron con fusiles y fueron dados de baja. Pero la familia del único de los identificados, Miller Blandón, dice que era un mimo que vivía en la calle y que pedía comida en el Centro del Indigente. El segundo hecho ocurrió el 14 de febrero en Suaza. Con documentos en la mano, los familiares de Juan Perdomo Claros y Jhon Alber Lizcano, aseguran que días antes de su muerte estaban en tratamiento en centros de drogadicción y le exigieron claridad al Ejército. El comandante del Batallón Magdalena, coronel Marcos Pinto, se sostiene en que eran extorsionistas y dice que puede explicar cómo murieron, pero no el por qué estaban en el lugar del combate. En todo caso, el Ejército recuerda que en San Agustín, límites con Cauca, apareció un enfermo mental, enviado por las Farc, con una mina antipersona. El joven -que ya fue entregado a su familia- vive en el caserío Bruselas, a 4 horas del lugar de los combates.
Fiscalía investiga 780 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales
Así lo señala un reporte conocido por EL TIEMPO y que recoge casos desde enero del 2003 hasta septiembre pasado de lo que podrían ser homicidios fuera de combate .
Fueron reportados por unidades militares como bajas en operaciones contra la guerrilla, los 'paras' y la delincuencia común. La mayoría de denuncias corresponde a unidades militares del Meta y Antioquia, donde algunos de los casos han terminado en condenas contra miembros de unidades militares que operan allí. Las seccionales de la Fiscalía en Cúcuta, Florencia, Medellín, Manizales, Pasto y Valledupar también manejan un número considerable de investigaciones, aunque la mayor parte de ellas está a cargo de la Unidad Nacional de Derechos Humanos, directamente en Bogotá. Investigaciones en la Procuraduría El Ministerio Público investiga por su parte a 2.300 personas, entre uniformados y funcionarios por Derechos Humanos El procurador General, Edgardo Maya Villazón, aseguró que el Ministerio Público adelanta 930 investigaciones contra miembros de la Fuerza Pública. Indicó que los procesos están relacionados con ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Al tiempo, el procurador Maya destacó que el Gobierno le hiciera frente a la situación y aplicara sanciones drásticas. Dijo que el Ministerio Público continuará con sus investigaciones disciplinarias. Investigan otros casos en Boyacá Gustavo Adolfo Tobo, Defensor del Pueblo Boyacá, aseguró que hoy debió viajar hoy al municipio La Uvita porque la defensora de la región le reportó cuatro casos similares a los de Soacha, y que indagan para verificar si se trataría de ejecuciones extrajudiciales. En su departamento, según dijo, pese a que ese tipo de violación de Derechos Humanos no es común, tiene otros dos casos reportados: uno en Pajarito, de este año; y otro en Chita, del año pasado y por que ya hay un proceso en el que están involucrados militares. En este último fue el crimen de un campesino. Casos en Santander Ana Felicia Barajas, Defensora de Santander, dice que este año, cuando surgió el escándalo por los jóvenes que aparecieron como dados de baja en Ocaña (Norte de Santander), una madre de familia denunció que su hijo aparentemente había muerto en combate. Según contó la mujer en la Defensoría, su hijo desapareció en agosto cuando estaba en el parque Antonia Santos de Bucaramanga, donde, de acuerdo con su relato, unos hombres le ofrecieron un mejor trabajo en Ocaña y decidió irse con ellos. A los tres días de su partida, la llamaron de una funeraria a decirle que había muerto en combate en ese municipio. Barajas aseguró que en manos de la Fiscalía hay tres casos similares que ocurrieron en San José de Miranda, Lebrija, La Laguna de Ortices. Estos casos, dijo, los venían trabajando con el general Joaquín Cortés, comandante II División de Santander.
Otros casos que involucran a militares en irregularidades
Caso Cajamarca (Tolima) Militares de la Compañía Búfalo, adscrito al Batallón de contraguerrilla 6 Pijaos, se vieron presuntamente implicados en el crimen de cinco campesinos, de una misma familia, que murieron segpun la investigación en estado de indefención momentos después de un combate del Ejército con las Farc. Al parecer, tropas del Ejército confundieron a una familia como miembros del gurpo guerrillero. Durante el proceso, se dijo que el campesino Norberto Mendoza Reyes fue asesinado después de haber sobrevivido a la masacre de sus cuatro familiares en la vereda Potosí, en jurisdicción municipal de Cajamarca (Tolima). Por este caso, en julio del 2007 la Procuraduría destituyó e inhabilito, por un periodo de 12 años para ocupar cargos públicos, a 7 miembros del Ejercito Nacional. La sanción afectó a los entonces integrantes del Batallón de Contraguerrillas No. 6 Pijaos: cabo primero (r) José Alejandro Gómez Acevedo y los soldados profesionales (r) Jhon Jairo Vizcaya Rodríguez, Albeiro Pérez Duque, Noel Bríñez Pérez, Luis Fernando Ramos Martínez, Jairo Sebastián Quintero Riaño y Jhon Jairo Guzmán Gallego. "Si bien los militares incurrieron en un error inicialmente al confundir los civiles con la guerrilla. Situación que dio lugar a que dispararan dando muerte a los familiares de Norberto Mendoza Reyes, y lesionando a éste, no puede predicarse lo mismo de su muerte, pues como se encuentra establecido el mismo fue ultimado sumarialmente sin razón justificable". Caso de Jamundí Valle Los hechos ocurrieron el 22 de mayo del 2006, cuando en zona rural de Jamundí (Valle del Cauca), diez miembros diez miembros de una unidad élite de la Policía Antinarcóticos y un civil fueron atacados en hechos confusos. La investigación señaló como responsables a militares del Batallón Alta Montaña, quienes fueron condenados por un juez a penas de 50 y 52 años de cárcel. Entre los sentenciados está coronel Bayron Carvajal, quien apeló la condena. En su momento, la Fiscalía pidió la máxima condena para Carvajal, quien fue señalado como determinador del homicidio agravado.
En una decisión, quizás sin precedentes, el gobierno nacional tomó la decisión radical de hacer responsables a los comandantes de las estructuras militares, bajo cuyo mando tuvieron lugar crímenes contra personas inocentes para hacerlos aparecer como logros contra la guerrilla o los paramilitares.
Con un mensaje contundente, el presidente Álvaro Uribe y su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, informaron al país en rueda de prensa este miércoles que los resultados de una comisión del Ministerio de Defensa que investigó las misteriosas desapariciones de jóvenes en Soacha y otros casos de violaciones a derechos humanos en el país, los llevó a tomar la decisión de retirar del servicio activo a 27 miembros de las Fuerzas Armadas, entre ellos a tres generales, cuatro coroneles, siete tenientes coroneles, tres mayores y seis suboficiales.
"En algunas instancias del Ejército ha habido negligencia y se ha permitido que algunas personas puedan estar incursas en crímenes, crímenes que en algunas regiones tienen por interés asesinar a inocentes para dar la sensación que se está enfrenando a los criminales y mantener intactos a esos criminales", dijo en tono enérgico el presidente Uribe.
El Primer Mandatario advirtió que si bien la Política de Seguridad Democrática exige eficacia a la fuerza pública, esta no se puede conseguir con procedimientos criminales y que quienes comandaban esas unidades donde oficiales tuvieron la oportunidad de aliarse con criminales para secuestrar y asesinar inocentes, y hacerlos aparecer como muertos en combate, deben responder por su negligencia y falta de control.
El ministro Santos explicó que desde que llegó a su cargo se ha dedicado a fortalecer los derechos humanos en la teoría y en la práctica, y que por eso han resuelto tomar unas decisiones radicales para enviar un mensaje de cero tolerancia frente a que estas violacione se den en el Ejército.
"La investigación administrativa y operacional de la Comisión encontró serios indicios de negligencia del mando en diferentes niveles en cuanto a la observancia y verificación de los procedimientos que rigen el ciclo de inteligencia y el planeamiento, conducción, ejecución y evaluación de las operaciones y misiones militares, así como una inexcusable falta de diligencia del mando en la investigación rigurosa de presuntos casos irregulares en su jurisdicción", leyó el ministro Santos desde la Casa de Nariño.
Tanto Santos como el pesidente Uribe anunciaron que esta decisión administrativa es apenas el primer paso, pues la Fiscalía y la Procuraduría están además llevando sendas investigaciones penales y disciplinarias de estos casos.
Actualmente, en la Procuraduría General cursan investigación por 930 casos de denuncias de ejecuciones extrajudiciales en las que estaría implicada la fuerza pública. Igualmente, en la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía hay más de 700 investigaciones por el mismo tema, desde 2002 hasta hoy.
El comandante de las Fuerzas Armadas, general Fredy Padilla de León, leyó la lista de retirados del Ejército de manera definitiva, empezando por los generales, José Joaquín Cortés, comandante de la II División, responsable de los Santanderes y Arauca. El general Roberto Pico, comandante de la VII División con base en Antioquia. Y al general Paulino Coronado, comandante de la Brigada 30 en Norte de Santander, bajo cuya jusrisdicción aparecieron varios de los jóvenes secuestrados en Bogotá.
Según pudo establecer Semana.com, la comisión encontró graves irregularidades en las operaciones de inteligencia y control en las divisiones y brigadas sancionadas. Municiones faltantes y unidades que el jefe de la División jamás había visitado, por ejemplo.
“Las investigaciones administrativas continuarán y sus hallazgos darán soporte a decisiones administrativas de las Fuerzas Armadas y del Ministerio de Defensa y serán enviados a la Fiscalía General de la Nación para que contribuya esto al acervo que facilite la investigación en materia penalâ€, dijo Uribe Vélez durante las declaraciones que dio sobre el caso.
El Presidente reveló además que a raíz de las denuncias sobre el caso de Soacha, el gobierno nacional decidió que, tal como se ha hecho en casos anteriores, las investigaciones de tipo penal fueran asumidas exclusivamente por la justicia ordinaria y no por la justicia penal. Al mismo tiempo, el Ministerio de Defensa instaló una Comisión Investigadora de carácter administrativo para determinar lo que había ocurrido.
El contundente mensaje deja claro, como lo dijo el Presidente, a los 400 mil hombres de las fuerzas armadas colombianas, que la violación a los derechos humanos como método de combate queda definitivamente proscrita. Es de esperar, por eso, que los cambios no paren en estos despidos.
Esta es la lista completa de los retirados del servicio:
Mayor General Roberto Pico Hernández, comandante de la VII División.
Brigadier General José Joaquín Cortés Franco, comandante de la II División.
Brigadier General Paulino Coronado Gámez, comandante de la Brigada 30.
Coronel Santiago Herrera Fajardo, ex comandante de la Brigada Móvil 15.
Coronel Juan Carlos Barrera Jurado, comandante de la Brigada 14.
Coronel Rubén Darío Castro Gamez, comandante de la Brigada Móvil 15.
Coronel Carlos Bohórquez Botero, jefe de Estado Mayor de la Brigada 14.
Teniente Coronel Álvaro Diego Tamayo Hoyos, comandante del Batallón de Infantería No. 15.
Teniente Coronel Néstor Camelo Piñeros, ex comandante del Batallón Ingenieros Batalla de Calibío.
Teniente Coronel Wilson Ramírez Cedeño, comandante del Batallón Ingenieros Batalla de Calibío.
Teniente Coronel Wilson Castro Pinto, Ex comandante del batallón de Infantería Rafael Reyes.
Teniente Coronel, Milton Barón Rubio, ex comandante batallón de Infantería Batalla de Bomboná.
Teniente Coronel Gabriel Rincón, oficial de operaciones Brigada Móvil 15.
Teniente Coronel Ángel Alberto Acosta Vargas, Comandante Batallón de servicios no. 14
Mayor Carlos Gilberto Rodríguez Mora, oficial de Inteligencia de Brigada Movil 15
Mayor Jose Simón Baquero Ramos, comandante del Batallón contra guerrilla No. 96 de la Brigada Móvil 15.
Mayor Oscar Mauricio Peralta Ramírez, ex ofical de operaciones del batallón de infantería Rafael Reyes
Mayor Nemesio López Diaz, oficial de inteligencia de la Bigrada 14.
Capitán Javier Alarcón Avila, oficial de inteligencia Batallón Ingenieros Batalla de Calibío
Ten. Edwartd Villani Realpe, oficial de inteligencia del batallón de infanteria Rafel Reyes
Sargento 1º. John Fredy Sotelo, sub ofical de inteligencia del Batallón Ingenieros Batalla de Calibío
Sargento vice 1º. Jesus Niampira Benavidez, sub oficial de inteligencia batallón de infanteria Rafael Reyes
Sag. Vice 1º Fredy Perdomo Bonilla, almacenista del batallón de infantería Francisco de Paula Santander.
Sag. 2. Cristian Castro Ojeda, almancenista de armamento del Batallón Ingenieros Batalla de Calibío
Sag 2º Sandro Perez Contreras, suboficial de inteligencia del batallón de infantería Francisco de Paula Santander.
Sg. 2º Fernando Cano Gómez, reemplanzate del batallon de infanteria batalla de Bomboná Cabo 3º Felipe Perdomo Polania, comandante de escuadra del batallón de iIngenierro batalla de Calibío.
Comunicado del gobierno sobre la purga en el Ejército
PURGA.La investigación interna concluyó que la negligencia pudo haber facilitado la alianza de miembros del Ejército con delincuentes externos que gozaban de impunidad, a cambio de contribuir al logro de resultados operacionales, reveló el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos.
Miércoles 29 Octubre 2008
Comunicado
1. Con motivo de las graves denuncias de presuntas desapariciones en la localidad de Soacha y de presuntos homicidios en la jurisdicción de la II y la VII División del Ejército Nacional, el Ministro de Defensa Nacional creó, mediante la Resolución 4342 de 3 de octubre de 2008, una comisión de carácter transitorio, que para el efecto designó el Comandante General de las Fuerzas Militares, para analizar las circunstancias operacionales y recomendar las medidas administrativas correspondientes.
2. La creación de la Comisión obedece a la política del Gobierno Nacional y del Ministerio de Defensa en particular de cero tolerancia con las violaciones a los derechos humanos. En seis años de éxitos y logros sin antecedentes en la recuperación de la seguridad, la Política de Seguridad Democrática ha estado fundada en la eficacia con transparencia y juridicidad.
3. El interés primordial del Ministro de Defensa y del Comandante General de las Fuerzas Militares es asegurar la integridad, moralidad y legitimidad de la institución militar, como se ha visto reflejado en las diferentes políticas, órdenes y directivas. Entre otras, las Directivas 10 y 19 de 2007 del Ministerio de Defensa y la Directiva Permanente 300-18 de 2007, del Comando General de las Fuerzas Militares.
4. La investigación administrativa y operacional de la Comisión encontró serios indicios de negligencia del mando en diferentes niveles en cuanto a la observancia y verificación de los procedimientos que rigen el ciclo de inteligencia y el planeamiento, conducción, ejecución y evaluación de las operaciones y misiones militares, así como una inexcusable falta de diligencia del mando en la investigación rigurosa de presuntos casos irregulares en su jurisdicción.
1. La Comisión concluyó que esta negligencia pudo haber facilitado la colusión de algunos miembros del Ejército Nacional con delincuentes externos que gozaban de impunidad, a cambio de contribuir al logro de resultados irregulares que van en total contravía de la Política de Seguridad Democrática y de la doctrina y el honor militar.
2. Estos hechos están siendo investigados penal y disciplinariamente por la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General, respectivamente, a quienes el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares han facilitado y facilitarán todo su apoyo para su esclarecimiento.
3. El Ministerio de Defensa Nacional, por su parte, en vista de las graves fallas administrativas y operacionales que estableció la comisión, ha decidido llamar a calificar servicios o retirar discrecionalmente al siguiente personal del Ejército Nacional, sin perjuicio de los resultados que arrojen los procesos penales y disciplinarios:
Falsos positivos mortales?
Elvira Vásquez enterró a su hijo Joaquín Castro el viernes pasado, luego de que fue ubicado muerto en Ocaña. Á‰l es uno de los muchachos que había desaparecido de Ciudad Bolívar, Bogotá, en enero pasado
Elvira Vásquez enterró a su hijo Joaquín Castro el viernes pasado, luego de que fue ubicado muerto en Ocaña. Á‰l es uno de los muchachos que había desaparecido de Ciudad Bolívar, Bogotá, en enero pasado
PORTADA.Crece la preocupación en el gobierno por serios indicios de que decenas de muchachos que han desaparecido en varias ciudades, luego son presentados como muertos en combate.
Sábado 27 Septiembre 2008
La preocupación y la vergí¼enza se reflejaban en los rostros de varios altos oficiales en los pasillos del Ministerio de Defensa la semana pasada. El martes, el ministro Juan Manuel Santos se había adelantado a ordenar una investigación exhaustiva cuando supo que 11 muchachos que habían desaparecido del sur de Bogotá durante este año habían sido reportados como muertos en combate y enterrados en un cementerio veredal en Ocaña, Norte de Santander.
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A lo largo de la semana la situación se hizo más grave. Ya no fueron 11 sino 19 los muertos en combate en esta región cuestionados, y se conocieron dos nuevos casos de muchachos que habían sido reportados como desaparecidos y que luego aparecieron como combatientes de grupos irregulares dados de baja.
El temor de que estos extraños casos sean en realidad ejecuciones extrajudiciales realizadas por miembros de la Fuerza Pública se sintió en varias instituciones. La secretaria de gobierno de Bogotá, Clara López, dijo que lo ocurrido con los jóvenes muertos fue una “desaparición con fines de homicidio y no un reclutamientoâ€. El fiscal general, Mario Iguarán, alarmado con la noticia, le pidió a la Unidad de Derechos Humanos que iniciara una investigación. Desde entonces, en el ambiente ha surgido el temor de que se trate de ejecuciones, más que de muertes en combates.
Quizá por eso el propio ministro Santos dijo el viernes ante un auditorio de suboficiales: “Me dicen por ahí que todavía hay reductos dentro de nuestra Fuerza Pública que están exigiendo como resultado, cuerpos. Yo me resisto a creer que esto sea ciertoâ€. Le ordenó al comandante del Ejército, general Mario Montoya, que visite todas las guarniciones militares para llevar claro el mensaje de que la prioridad son las capturas y los desmovilizados.
Tanta preocupación no es gratuita. El tema de las ejecuciones extrajudiciales se ha convertido en el asunto más grave en materia de derechos humanos del gobierno, y aún no se ha encontrado ni la causa ni el remedio para la misma. Y aunque las investigaciones judiciales arrojarán resultados definitivos sobre los hechos más recientes, lo cierto es que en el caso de los muchachos desaparecidos en Bogotá, no se descarta la hipótesis de que hayan sido asesinados.
¿Desaparición con fines de homicidio?
Los jóvenes bogotanos tenían edades que oscilaban entre 17 y 32 años, casi todos eran desempleados o trabajaban en oficios como construcción y mecánica y, según la Defensoría del Pueblo, algunos tenían antecedentes como consumidores de drogas. Eran, en general, muchachos humildes que vivían en la marginalidad de Ciudad Bolívar, Altos de Cazucá, y Bosa. Del grupo de los 11, el primero en desaparecer fue Faír Leonardo Porras, de 26 años, que trabajaba como ayudante de construcción, quien fue reportado por su familia como desaparecido el 8 de enero. Cuatro días después, el CTI y el Ejército estaban haciendo el levantamiento de su cuerpo, muerto supuestamente en combate. Los segundos en desaparecer, el 13 de enero, fueron Elkin Gustavo Verano, de 25 años, y Joaquín Castro, de 27 años, ambos empleados en un taller de campanas para carros, y amigos inseparables. Según reportes oficiales, habrían muerto en combate el 15 de enero, es decir, dos días después de su llegada.
En un tercer caso, Julio César Mesa, de 24 años, y Johnatan Orlando Soto, de 17 años, que habían sido reportados como desaparecidos el 26 de enero, aparecieron como dados de baja en combate dos días después. Lo mismo le ocurrió un mes después a Julián Oviedo, de 19 años, quien trabajaba en construcción. Más tarde, el 25 de agosto, fueron hallados muertos Diego Alberto Tamayo, de 25 años; Víctor Gómez, de 23, y Andrés Palacio, de 22 años. A estos tres últimos el Ejército los había reportado como miembros de bandas emergentes muertos en combate, y había dicho en su momento que se les había encontrado dos pistolas y una escopeta de repetición. Todos los jóvenes tienen en común que venían del sur de Bogotá y que fueron reportados como guerrilleros o bandoleros dados de baja por la Brigada Móvil XV, con sede en Ocaña. Otros dos de los muchachos, Daniel Pesca y Eduardo Garzón, murieron en jurisdicción de San Vicente de Chucurí.
¿Legalizaciones?
La primera explicación que salió a relucir es que los muchachos fueron reclutados en sus barrios con promesas de trabajo en Norte de Santander o simplemente para vincularse a grupos armados al servicio del narcotráfico. De hecho, la Defensoría del Pueblo había emitido una alerta sobre la presencia de grupos paramilitares y de guerrilla en Ciudad Bolívar y Altos de Cazucá, que estaban reclutando, incluso, menores de edad. A favor de esta tesis está el hecho de que algunos de ellos les expresaron a sus familiares que habían recibido ofertas de trabajo.
Lo que deja sin piso esta hipótesis es que, aparentemente, los muchachos prácticamente acababan de bajarse del bus que los traía de Bogotá, cuando ya estaban muertos en combate. Lo normal es que los grupos armados entrenen por lo menos durante unas semanas a los nuevos reclutas, y en este caso eso no parece haber ocurrido.
Fuentes militares aseguran que en Ocaña opera una banda de delincuentes llamada los ‘Rolos', que ha azotado la región con la extorsión y el boleteo, y que estos muchachos hacían parte de ella y que tenían tenebrosos antecedentes judiciales. Esto es algo que aunque fuera cierto, no explica cómo es que murieron en combate; ni por qué todos murieron y ninguno, por ejemplo, fue capturado. Ninguna fuente ni civil ni de Policía confirmó la existencia de esta banda en esta zona.
La segunda hipótesis sobre lo ocurrido es mucho más delicada. Se trataría de una especie de “limpieza social”en la que se mata a los muchachos ''delincuentes, drogadictos o simplemente pobres'' y se los presenta luego como combatientes de grupos al margen de la ley. En el lenguaje criminal esto se llama “legalizar al muerto”y es una práctica que infortunadamente algunos militares han usado para mostrar “falsos positivos”y así mejorar sus resultados operacionales, y por esta vía obtener beneficios para su carrera militar.
Curiosamente, a principios de este año el sargento Alexánder Rodríguez, adscrito a la Brigada Móvil XV que opera en Ocaña, había denunciado ante la Fiscalía, la Procuraduría y ante sus superiores del Ejército, que en su batallón les daban cinco días de descanso a los soldados que obtuvieran ‘bajas' en combate, y denunció que fue testigo de cómo se cometieron homicidios de civiles para luego presentarlos como guerrilleros. El sargento fue expulsado de las Fuerzas Militares aunque sus denuncias están en proceso de investigación.
Pero éstas no son las únicas hipótesis. Los hechos son tan confusos, que la Fiscalía y el Ejército están estudiando caso por caso. Para el gobierno es importante establecer por qué pasó tan poco tiempo entre la denuncia por desaparición, y la muerte. Y por qué curiosamente todos salieron de Bogotá y encontraron la muerte en Ocaña. Un municipio donde en lo corrido del año han sido enterrados 45 N. N. cuyas muertes se atribuyen a los conflictos entre bandas criminales del narcotráfico. Sin embargo, la ubicación de los cadáveres se logró porque el año pasado entró en funcionamiento un sofisticado sistema de información para buscar personas desaparecidas, que cruza las denuncias que se registran en todo el país con los datos que maneja Medicina Legal en cada municipio.
No es el único caso
Lo más preocupante es que el caso de los muchachos de Ciudad Bolívar no es el primero ni el único. Naciones Unidas ya le había expresado al gobierno su preocupación por la desaparición y la muerte de jóvenes pobladores en Montería, Medellín, y en municipios como Toluviejo, Sucre, y Remedios, Antioquia. La entidad internacional dice que en todos los casos existe un patrón común: “las víctimas reciben promesas de trabajo, aparentemente legales o incluso ilegales, para trasladarse a municipios y departamentos distintos a sus lugares de residencia. En la mayoría de los casos, uno o dos días después de haber sido vistos con vida por última vez por sus familiares, resultan reportados como muertos dados de baja en combateâ€.
Eso exactamente fue lo que ocurrió en Toluviejo, donde desde el año pasado empezaron a desaparecer jóvenes que a los pocos días eran reportados como muertos en combate por tropas de la Fuerza Tarea Conjunta de Sucre. Poco después la Fiscalía pudo probar que un hombre llamado Eustaquio Barbosa les había ofrecido a todos ellos trabajo en una finca en Sampués, Córdoba. Pero nunca llegaron a su destino. Lo grave es que la justicia tiene pruebas de que la mayoría de estos muchachos no murió en enfrentamientos, y no sólo fue detenido Barbosa, sino que están siendo investigados una docena de militares por estos hechos.
En Sucre el problema no termina ahí. Este año el CTI ha exhumado en Sucre y Córdoba los cuerpos de 27 jóvenes que habían sido reportados por sus familiares como desaparecidos.
Como si fuera poco, en Risaralda también se registra un caso similar. En lo que va corrido del año se han denunciado 18 casos de jóvenes que murieron en combate, y que, sin embargo, sus familiares daban por desaparecidos. A esto se suman otros cuatro muchachos de Popayán, cuyos cadáveres aparecieron en Córdoba, en similares circunstancias.
El fondo del problema
El país parece estar enfrentado a dos problemas graves. Por un lado, el reclutamiento de jóvenes que, engañados o no, salen de sus casas hacia otras regiones, y allí encuentran la muerte. Posiblemente porque son usados como carne de cañón por las guerrillas y las bandas criminales que, sin darles entrenamiento, los exponen a enfrentamientos con las Fuerzas Militares.
Sin embargo, en muchos de estos casos se ha probado que no ha habido combates y que los muchachos han sido, simplemente, asesinados por miembros de las Fuerzas Armadas.
Aunque entre muchos militares se suele calificar las denuncias por ejecuciones extrajudiciales como un arma política de la guerrilla contra las Fuerzas Armadas, el problema es real y mucho más grave de lo que se cree. El gobierno de Estados Unidos y varias ONG nacionales e internacionales le hacen un seguimiento permanente al tema y han encontrado que éstas siguen ocurriendo en muchas regiones del país. Lo que parece más preocupante es que si en el pasado a muchos militares se les acusaba de tener nexos con los paramilitares, desde cuando estos se desmovilizaron, crecieron las denuncias por homicidios cometidos directamente por los uniformados. Llama la atención, por ejemplo, que de los 558 casos que está investigando la Unidad de Derechos Humanos, más de la mitad ocurrieron en 2007. Las brigadas con el peor récord son las de Antioquia, que tienen 155 casos en investigación, y Meta, que tiene 107. Ello, no obstante, aclara Sandra Castro, directora de esta Unidad de la Fiscalía, se debe a que en estos departamentos han hecho un trabajo más exhaustivo los investigadores. Según Castro, en este momento hay vigentes 244 medidas de aseguramiento contra militares, de los cuales cuatro coroneles, dos tenientes coroneles, siete mayores y 23 capitanes, y la mayoría son casos del Ejército.
Pero sumando los casos que hay en todos los juzgados y las fiscalías del país, el número es aun mayor: son 750 investigaciones por ejecuciones extrajudiciales, en las que ya han sido acusados 180 militares, y condenados 50.
Al respecto, el general Freddy Padilla de León le dijo a SEMANA que “el ministro Santos y yo creemos que debe haber cero tolerancia con los actos impropios dentro de las Fuerzas Militares. Creemos en el principio constitucional de la presunción de inocencia de nuestros hombres y guardamos la esperanza de que no sean responsables. Pero si se comprueban conductas indebidas, seremos absolutamente severosâ€.
De hecho, el general Padilla envió recientemente una directiva a todas las guarniciones militares, en la que establece que las desmovilizaciones y las capturas son los primeros indicadores de éxito que medirán las Fuerzas Militares en adelante, y no las bajas, en un intento de frenar una tradición y una visión errónea que hay en un sector de los militares, que “mide los resultados en litros de sangreâ€. Un sector de los militares ha entendido que este tipo de “bajas fuera de combate”no sólo lesiona gravemente la legitimidad de la institución militar, sino que son obstáculo para ganar la guerra. En ese mismo sentido, el Ministerio de Defensa diseñó una política de derechos humanos que hace énfasis en el respeto a la población no combatiente. Sin embargo, o bien el mensaje no ha llegado hasta todos los batallones o brigadas, o las sanciones y los controles internos están fallando, y persiste, además de los errores, la falta de castigo a éstos. O porque hay mensajes encontrados y contradictorios en el propio seno de la cúpula militar.
En cualquiera de los escenarios antes descritos, el gobierno tiene razones para estar preocupado. El tema del reclutamiento de jóvenes está disparado y tiene ribetes de emergencia humanitaria. Y el tema de las ejecuciones extrajudiciales, a pesar de los esfuerzos, persiste y en ocasiones parece que nadie puede controlarlo. Ambos problemas simultáneamente, son un cóctel explosivo.
Las mujeres sufren la peor parte en los conflictos armados en el mundo, incluido el colombiano, así lo reveló el Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas en su informe anual, en el que pidió a la administración Santos, que vele por el cumplimiento de la resolución que respeta los derechos de mujeres y niñas.
Las últimas cifras de violencia sexual en la guerra, divulgadas en Colombia por la mesa mujer y conflicto, indican que de 913 casos de violencia sexual denunciados, [b]la mayoría son cometidos por la fuerza pública, entre policía y ejército, que ha llegado a zonas apartadas donde antes reinaban la guerrilla y los paramilitares, lo más preocupante, es que la cifras van en aumento.[/b]
El Fondo de Población de las Naciones Unidas recalcó la responsabilidad, que en estos temas, tendrá de ahora en adelante el gobierno colombiano, cuando el país llegue al Consejo de Seguridad de la ONU.
La meta para los próximos 10 años a nivel mundial es que la resolución 1325, creada hace 10 años para evitar estos caso, se aplique con mayor rigurosidad.
Edu escribió:VALE CON LA POLíTICA POR AQUí.
(Es la segunda vez que tenemos que avisar en poco tiempo...)
R.Gusarof escribió:¿ Uno no es capaz de abordar temas de forma madura?
R.Gusarof escribió:Pues sobre su asunto de los Lobys y la pirateria , yo se lo explico: Es un tema que no aporta absolutamente nada al entendimiento de un conflicto, ni aumenta perspectivas que sirvan para acercarse a una verdad , ni es valorable desde un punto academico para analizar un conflicto. Vamos, que a comparar vamos la trascendencia de los temas que estamos tratando y su importancia.
R.Gusarof escribió:
encargados de ir de chivatos ensuciando el foro de lloriqueos rompiendo el debate y sobre todo LAS GANAS DE PARTICIPAR
R.Gusarof escribió:Mi interes es el militar claro esta, PERO SU TOTALIDAD y sobre todo, no verme limitado en la capacidad de debate y cuestionamiento de mis argumentos por tipos como usted.
R.Gusarof escribió:Es que es más, que a mi me da COMPLETAMENTE IGUAL COLOMBIA Y SU %$&/,
R.Gusarof escribió:SInceramente me da igual que me falten al respeto , ni me hiere ni me importa, ademas, lo puedo incluso llegar a entender de algun que otro forero por que a lo mejor me aporta mas de lo que me hace perder el tiempo . Lo que me toca las narices es ese comportamiento pretendiendo implicar en represalias a foreros por parte de moderacion poniendo en tela de juicio su labor, que no uso las reales palabras para definirlo por que serian demasiado mal sonantes.
Gansadas dice el tipo, exponte al debate y a ver quienes el ganso.
Hay una evidencia, que es , asesinatos de sindicalistas , desapariciones, secuestros( no solo los de las FARC ), y de gente incomoda en el entorno rural, civiles. Cuando hablo de gente incomoda no me estoy refiriendo a ello a las FARC expresamente, si no a gente que MOLESTA ante los intereses de terratenientes y transancionales entrando en conflicto con intereses de pobladores de la zona. De eso que los Paramilitares no solo estan para luchar ahi contra las FARC, y todo el mundo sabe, un secreto a voces, que los paramilitares tienen ciertas simpatias de cierto estracto de población con recursos en el estado.
Tambien me contaras como es ese asunto de los "no validos" (aberrantes, en el neodarwinismo) , "falsos positivos" , de cuando se hacen "limpieza" de indeseables en las calles.
Yo pregunto y afirmo en cuestion de lo que me cuentan colombianos de buena familia, de estracto 5, y 6( creo que era asi ) y de a que se dedicaban en su juventud organizando milicias para enseñar "ciudadania" a miserables, osea que no solo era para lucir uniformes y ir de chicos malos fascistas.
Yo quiero la verdad siempre , y me interesa, para no ser una oveja manipulada más, asi que estaria encantadisimo de que me demostraras que esas fosas en Colombia no existen, y que las siguientes fotos que voy a postear, son de la Guerra en Yugoslavia.
Osea que probablemente estemos en uno de lso casos mas brutales de America Latina y todo bajo el gobierto de Urive y apoyo Yanke.
¿Asaltar poblados cortando cabezas de niños en el patio de la escuela a machetazos tambien es una falsa acusacion a los paramilitares?
Yo pregunto, puede ser tambien una manipulación y que este yo equivocado.
La foto del mono jojoy, pues mira, ojala absolutamente todos los terroristas acaben asi, los legales y los ilegales, pero ya se sabe que en gran medida si los terroristas legales no existiesen se paliaria en gran parte la existencia de los terroristas ilegales. No por ser de milicias filofascistas con simpatias ya sabemos donde , uno cuando rebana cabezas a un niño es un liberador democrata humanista. A las cosas hay que tratarlas por lo que son , y no guiarnos por romanticismos infantiles de soldaditos de plomo.
Sigo diciendo, que Colombia Uribe, Gana a Chavez por ahora. Solo por que los afectados de Venezuela por la politica de Chavez tengan medios para la repercusion mediatica , no significa que los que no tienen esos medios en colombia no esten peor que los que se quejan en Venezuela.
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